El rayo que no cesa

Así se han pronunciado no sólo la derecha española, sino también algunos dirigentes socialistas como Alfonso Guerra o Rafael Simancas. El jueves se aprobó en el Parlamento de Cataluña un proyecto de reforma estatutaria que será enviado al Congreso para su eventual ratificación. ¿Qué hace que este Estatuto sea tan necesitado y deseado por los parlamentarios catalanes y tan criticado por la mayoría de los españoles? Con objetividad trataremos de comprobarlo.

La financiación era uno de los temas más conflictivos y las propuestas de PSC y CiU desembocaron finalmente en un término medio: Cataluña recaudará el total de los impuestos a sus ciudadanos y realizará el cálculo de dos cuotas que entregará al Estado, cuyo montante total será llamado "cuota catalana a la Hacienda Pública Estatal". Una corresponderá a los servicios dados por el Estado a la Comunidad autónoma y la otra a una contribución solidaria a las regiones menos desarrolladas. La aportación será calculada a partir de la diferencia entre los coeficientes de población y el esfuerzo fiscal catalán. Es evidente que no se pueden invadir competencias españolas como la recaudación de impuestos ni un gobierno autonómico puede decidir unilateralmente qué cantidad es adecuada para ser entregada a la autoridad central. Se establece una bilateralidad peligrosa e insolidaria, pues Cataluña no es un ente que pueda dirigirse de igual a igual a España sino que es parte de ella.

La lengua catalana cobra todavía más importancia, pues no sólo existirá el derecho sino también el deber de conocerla. Esto se traduce, por ejemplo, en que para ocupar una plaza de juez o fiscal se tendrá "conocimiento adecuado y suficiente del catalán". Por tanto tú, ciudadano español, te verás impedido a poder conseguir un puesto de funcionario judicial dentro de tu propio país a pesar de dominar la lengua oficial de tu nación. No han tomado nota en Cataluña del significativo declive de la educación y la economía regionales como consecuencia de la insistencia en coaccionar a sus ciudadanos a aprender una lengua minoritaria en la comunidad e inútil fuera de su reducido territorio.

"Las sucesivas instancias de procesos judiciales iniciados en Cataluña se agotan ante el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", (...) sin perjuicio del recurso para unificación de doctrina que establezca la ley de la competencia del Tribunal Supremo". Es decir, a no ser que exista motivo de unificar criterio, en Cataluña un proceso muere en el TSJC y en el resto de España en el TS. Exactamente como en la España medieval e imperial de los siglos XV y XVI, con el consiguiente desplome económico e institucional de un modelo insostenible. Por tanto, no todos los españoles somos iguales ante la ley.

Creo que hay bastante materia para considerar el proyecto de Estatuto como un documento lesivo para el resto de los españoles, así como un intento de establecer desigualdades entre los ciudadanos de distintas comunidades autónomas. Pero vamos a ir más allá para hablar del "blindaje" competencial. Se establece que unas competencias hasta ahora nacionales pasan a manos autonómicas y, además, en ningún caso podrán regresar a Madrid sea cuál sea la circunstancia que lo aconseje. Así, la inmigración, el suministro eléctrico, los puertos y aeropuertos o la celebración de CONSULTAS POPULARES serán facultades de la Generalidad catalana. Llegaríamos al absurdo de que el Estado necesitara ponerse de acuerdo con una autonomía para trazar carreteras o efectuar un TRASVASE necesario para otra parte del país. Planean la sospechosa sombra de un referéndum de autodeterminación o la negativa a trasvasar agua del Ebro al Levante español.

Se sabe muy poco del contenido definitivo a causa de la "longitud constitucional" del texto pero con lo que se nos ha adelantado es suficiente. Ahora vendrá la "comedia" del rechazo en el Congreso y la corrección de algunos artículos escadalosamente anticonstitucionales para su posterior aprobación. No nos engañemos porque el problema no es que choque frontalmente con un documento como la Constitución. Lo preocupante es que rompe todo cuánto había en ésta de democrático y moderno: igualdad ante la ley, solidaridad nacional, redistribución de la riqueza o libertad lingüística. Se trata en resumen de un proyecto retrógrado, reaccionario y sedicioso. Además, es innecesario en una España del siglo XXI integrada en la Unión Europea y con un grado de descentralización como no se conoce en muchos estados federales. Es fruto de los delirios de una clase política que ha perdido todo principio moral y conduce a una apática sociedad catalana al camino sin retorno de la confrontación y la ruptura con el resto de España.